La dura postura del intendente, generó incertidumbre entre los choferes dado que según la delegada de Tamse Trolebuses, Erica Oliva, Mestre “está agudizando más el conflicto” porque “está tratando de presionar más”.
 
En conferencia de prensa, el radical Mestre acusó a los delegados gremiales que impulsaron el paro de haber “sumergido en el caos a Córdoba con violencia e ilegalidad” y cuestionó que “algunos sugerían desde lo absurdo un Cordobazo, intentando resignificar un hecho histórico totalmente ajeno a la coyuntura que vivimos en la actualidad”.
 
“Se equivocan, somos personas de paz, no sólo están yendo contra las instituciones de Gobierno y contra la ley, sino contra todos los que vivimos en la ciudad. Avergüenza que no quieran que Córdoba progrese”, sostuvo el intendente este mediodía en el Palacio 6 de Julio.
 
Mestre también apuntó en su exposición contra el kirchnerismo y la ex presidenta Cristina Fernández, tildándolos de oportunistas respecto al paro al señalar que “la extorsión y la violencia paralizan a la ciudad. Córdoba vive un giro traumático de 360 grados. Estamos en el mismo punto de partida poniendo en riesgo todo, incluso vidas”.
 
Ante esto, agregó “se lo puede calificar como penoso, brutal, violento. Perdemos todos y los verdaderos motivos una paritaria legal, nacional y desconocida acá en Córdoba, un proceso de regularización institucional de la seccional UTA Córdoba deslegitimado, una oportunidad política, partidaria de la izquierda, del kirchnerismo, incluso de la ex presidenta al nacionalizar un conflicto sectorial con un reclamo nacional al Gobierno que encabeza el presidente (Mauricio) Macri”.
 
Y, remarcó que se sumaba a la protesta “el mismo kirchernismo que discriminó a Córdoba en los años que le tocó gobernar, inclusive acá en la provincia donde le asestamos la mayor derrota, fogoneando la violencia”.
 
“Es un conflicto que afecta a todos y es por ello que quiero plantear claramente la situación: ha sido y es un conflicto de jurisdicción nacional a quien le compete la regulación gremial y los acuerdos paritarios”, acotó.
 
Además, dijo que se trataba de “un conflicto normativo de vacío legal que requiere urgente el tratamiento por parte de legisladores nacionales” y un “conflicto judicial que muestra las dificultades que tienen fiscales y jueces para encauzar las reiteradas y flagrantes vulneraciones que tienen los derechos básicos que viven los ciudadanos de Córdoba”.
 
Mestre apuntó que también “es un conflicto de seguridad que atemoriza a la sociedad” y “un conflicto de gobierno local como prestador de los servicios públicos que se encuentra frente a la responsabilidad que tiene de responder primero a los ciudadanos".
 
También señaló la complicación económica “que demanda del sector empresarial mayor sensibilidad y responsabilidad social”.
 
Ante ello anunció que implementará un “plan de contingencia de seguridad donde los colectivos serán custodiados este lunes” por agentes de Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Policía de Córdoba para que puedan circular.
 
Mestre ratificó también que “los despedidos por las empresas lamentablemente han perdido su fuente laboral. Las empresas siguen intimando para que se presenten”.
 
En ese marco, fuentes sindicales dijeron que hubo 86 despidos en las cuatro empresas prestatarias del servicio de transporte.
 
El intendente también dispuso convocar para mañana al Consejo Económico Social y señaló que había “decidido el llamado de una consulta popular, para que los vecinos se expresen sobre el transporte como servicio esencial; las asambleas de servidores públicos en horarios de trabajo y políticas de transparencia”.
 
Mestre pidió “a los legisladores provinciales y nacionales que avancen en las herramientas legales que permitan garantizar los servicios públicos como esenciales”.
 
Pese a la intimación del municipio, los choferes mantenían este domingo el paro por séptimo día consecutivo al fracasar el último sábado un nuevo intento de negociación con funcionarios y empresarios.