De tal forma, los afectados recibirán ayuda económica y financiera por parte del gobierno nacional a través de diversos mecanismos. La norma también habilita al Poder Ejecutivo a extender los beneficios de la emergencia a otras zonas afectadas y que no fueron incluidas en el articulado.

El proyecto, a considerarse desde las 10, obtuvo la semana pasada dictamen de la Comisión de Presupuesto, declarando zona de desastre y emergencia hídrica, económica, productiva y social -por el término de 180 días prorrogable por igual lapso de tiempo- en distintos departamentos y localidades de esas provincias.

La iniciativa establece que el Ejecutivo deberá constituir en un plazo no mayor de 30 días un fondo especial con aportes del Tesoro Nacional, para afrontar la asistencia a los damnificados y a las economías regionales afectadas. También tendrá que destinar fondos especiales para la cobertura de planes sociales en esas zonas y adoptar medidas para preservar y restablecer las relaciones laborales.

A través de la AFIP y la Anses, se ordena poner en marcha regímenes especiales de pago para los contribuyentes afectados, con suspensión de juicios y exención de los impuestos a Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta.