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El detenido empresario Lázaro Báez pidió ser sobreseído en la causa donde se lo acusa por fraude en la obra pública en Santa Cruz, se negó a responder preguntas y se diferenció de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al remarcar que lo acusan por los mismos delitos, pero que él no fue funcionario público.

En una tensa audiencia de declaración indagatoria ante el juez federal Julián Ercolini, en la que hubo una fuerte discusión entre el fiscal del caso, Gerardo Pollicita y el abogado de Báez Maximiliano Rusconi, el detenido se negó a responder preguntas y sólo habló su defensor para plantear la nulidad de la acusación, informaron fuentes judiciales.

Báez escuchó la lectura de los cargos en su contra y sólo habló para informar su deseo de declarar a través del escrito presentado pero acto seguido su abogado pidió la palabra, pidió la nulidad de la acusación y comenzó a cuestionar los hechos que se atribuyen a Báez.

Rusconi dijo que Báez está sometido a “una defensa a ciegas”, sostuvo que falta precisión en la acusación con lo cual se violó su derecho a defensa y remarcó que no fue funcionario público. "No ha sido funcionario público”, dijo el abogado y pese a ello la acusación en su contra “es una copia textual, incluso en la puntuación, de la imputación que días atrás se le hizo supuestamente por el mismo hecho , a la ex presidenta de la República”, sostuvo Rusconi según el acta de la declaración. Y agregó: “Si ambos sujetos, de modo público y notorio, han desarrollado actividades absolutamente autónomas y tan distintas, como ser presidente de un país y empresario constructor”.

"Se advierte con asombro que casi la totalidad del hecho descripto remite a actos funcionales” como “la designación de funcionarios, transferencia de organismos a la órbita de ministerios, dictado de decretos, nombramiento de primos”, enumeró. "Todo ello genera un escenario en el cual se atribuye un hecho de un funcionario a un extranius, no se define el hecho atribuido al sr. Báez y mucho menos se define cuál es la prueba verdaderamente de cargo”, agregó.

Cuando terminó de exponer, pidió la palabra el fiscal Pollicita para advertir que el planteo del defensor de Báez fue “sesgado” porque omitió considerar las acusaciones a Báez como miembro de un “grupo organizado de personas, constituido por empresarios y funcionarios, en el que cada uno ha cumplido un rol”. Y le recordó que Báez formó una empresa “a cuatro días de la asunción del ex presidente Néstor Kirchner, haber adquirido un conglomerado de empresas que participan en la obra pública” de Santa Cruz y en 52 licitaciones con “diversas irregularidades”, una prueba que la defensa se negó a revisar en la audiencia.

Ante el tenor que tomaba la discusión, con interrupciones entre abogado y fiscal, Ercolini dio por concluidas las exposiciones y ordenó formar un incidente por separado en caso de que deban realizarse réplicas en un futuro.

En el escrito, al igual que ya hicieron los imputados Cristina Kirchner y Julio De Vido, pidió un amplio peritaje de toda la obra pública nacional. Al terminar la indagatoria en el juzgado de Ercolini en el cuarto piso de Comodoro Py 2002, fue trasladado al despacho del juez federal Daniel Rafecas, en el tercero, para declarar como testigo en una causa que investiga si fue presionado para “callarse la boca” en la causa por lavado de activos donde está procesado y detenido.

Esta denuncia había sido presentada por el juez Sebastián Casanello para pedir que otro magistrado investigue supuestas presiones a Báez, tras dichos del empresario en una entrevista periodística. Para el jueves Ercolini aguarda la declaración indagatoria en la causa por fraude en la obra pública del también detenido ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López. En la causa ya fue indagada Cristina Kirchner y el ex ministro de Planificación Julio De Vido.