NOTAS RELACIONADAS

Mientras el gobierno y los gremios definen si se otorga un bono a los trabajadores en empresas privadas, todavía se busca definir detalles del pago extra anunciado la semana pasada para quienes perciben la jubilación mínima, la Asignación Universal por Hijo y otros planes sociales.

La preocupación surgió con fuerza porque, si bien el objetivo del aporte especial de 1.000 pesos para fin de año busca llegar a quienes más lo necesitan, esa tarea no está para nada garantizada. Resulta que quienes perciben la recientemente creada pensión universal para la vejez, que significa apenas un 80% de una jubilación mínima (hoy, en pesos, equivale a $4.528), son considerados como beneficiarios de una pensión no contributiva, porque no hicieron los aportes necesarios para recibir la mínima, ni entrar en las distintas moratorias lanzadas por gobiernos nacionales, que terminarán a fines de este año. Por ende, no entrarían dentro del anuncio realizado por el gobierno nacional.

“Eso está mal, horrible”, le dijo a “CrónicaEugenio Semino, jefe de Área de la Tercera Edad en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, “el gobierno debe saber que esa es la gente más necesitada. Hoy están cobrando cerca de 4.000 pesos en mano, y tienen muchas necesidades”.

El funcionario exigió que, además se incluya a otros grupos de serias necesidades, que también quedarían excluidos del beneficio por contar con pensiones no contributivas. “Eso incluye a ex combatientes de las Malvinas, a personas discapacitadas y a madres con más de 7 hijos”, explicó.

Medida controversial

Fruto de un arduo debate en el Congreso, el oficialismo logró a fines de junio la aprobación de un megaproyecto de varias leyes, que incluyó la denominada “reparación histórica” para jubilados, al tiempo que habilitaba al blanqueo fiscal encarado por Cambiemos. Allí se creó la pensión universal para la vejez, que percibirán quienes tengan más de 65 años, y no hayan ingresado a las moratorias ni tengan aportes ni perciban un plan social.

La misma, que eleva la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años (y equipara con la de los hombres), otorga a sus beneficiarios apenas el 80% de una jubilación mínima.