Por Damián Juárez

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La Corte Suprema de Justicia hizo su laburo. Le dijo al gobierno nacional que al aumentar las tarifas no cumplió la ley. A facturar de nuevo con los viejos valores y a convocar audiencias, como habría que haber hecho de movida. Pero la Corte hizo algo más profundo, algo más sabio.

Puso a los funcionarios en el lugar de la calle. En el lugar del sentido común, tan difícil de ver cuando uno está encerrado en un despacho lleno de decretos, asesores y burocracia.

Quizás en la parte más política del fallo, la Corte alude a la necesidad de que los aumentos no sean confiscatorios. Traducido al castellano: si el promedio salarial de la ciudad de Buenos Aires, y eso que es el distrito más rico del país, es de 10.000 pesos mensuales, no podes pagar 5.000 por tarifas.

Esto, dice la Corte, usando un idioma más complejo y legal, te impide alquilar, te impide comer, te impide pagar por el transporte: te impide vivir.

Fuerte costo político

El gobierno dijo que acatará la medida y ordenó rápidamente hacer todo lo que no había hecho: audiencias y ordenarle a las empresas volver a facturar.

El costo político que paga es enorme. Alguien le habrá soplado al oído al presidente Macri que si había que hacer el ajuste, había que hacerlo rápido y sin miramientos, y sobre todo, hacerlo antes de las elecciones del año próximo. Ese asesor olvidó algo básico, que la Corte tuvo que salir a recordar.

Detrás de las tarifas hay gente, que no es que no quiera pagar, simplemente no puede. Los jueces también apuntaron a otra cuestión que el gobierno pareció no tener en cuenta. Dijeron que los aumentos de tarifas, el tarifazo, se da en un contexto político, social y económico determinado.

Segunda traducción: el aumento de tarifas llega en un país que heredó una inflación grande de Cristina, pero que Macri aumentó aún más, un país que sufrió la devaluación de Kicillof y luego la de Prat Gay, donde los salarios perdieron hace rato contra la suba de precios.

Un país en recesión. Ojo, las tarifas no volverán más al nivel que tenían durante el kirchnerismo. Eso fue una ilusión óptica que se derrumbó. Las tarifas tienen que aumentar.

Un piso de Recoleta no podía pagar 30 pesos por bimestre de gas. La gente, la que gana mucho, la clase media y la baja está dispuesta a pagar un poco más a cambio de que la luz no se corte y se pueda prender el aire en verano y el calefactor en invierno. Pero la gente quiere pagar algo razonable.

La misma palabra que más repitió la Corte en su fallo. Así como el entrañable Clemente pedía “un cacho de cultura”, el Máximo Tribunal del país pareciera hoy pedirle a Macri “un cacho de sentido común”. Ojalá los escuchen. Y cambien a tiempo.