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REGIONALES

28 de abril de 2016

Condenaron a Laila a 30 años de prisión por ataque en Clínica de Cipolletti

Cipolletti. El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó la condena de 30 años de prisión que había impuesto la Cámara Criminal Segunda de Cipolletti a Laila Díaz Sigri.

Con el voto conjunto de los jueces Liliana Piccinini, Ricardo Apcarian y Sergio Barotto, se rechazó la casación interpuesta por el defensor oficial Juan Pablo Piombo y se ratificó la condena por los delitos de “homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego (hecho 4) en concurso ideal con los delitos de portación no autorizada de arma de fuego de uso civil (hecho 1) y violación de domicilio (hecho 2), en concurso real con los delitos de amenazas calificadas por el empleo de arma (hecho 3), daño continuado (hecho 5), abuso de arma de fuego (hechos 7 y 8) y coacción agravada por el empleo de arma (hecho 5 última parte y hecho 6).

El hecho ocurrió en Cipolletti el 23 de marzo de 2013, por la mañana, cuando Díaz ingresó a la Clínica Radiológica del Sur llevando un revólver calibre 32 con 7 balas y unos 50 cartuchos completos en su cartera “sin contar con autorización para dicha portación” (hecho 1). Luego se dirigió al segundo piso y solicitó la presencia de los Dres. Nuñez y Rodríguez. La enfermera que la atendió intentó hacer “que salga del lugar, tomando la silla de ruedas y trasladándola hacia la salida de la sala, no logrando excluirla atento a que Díaz Sigri giró y se mantuvo en el lugar, contra la voluntad expresa de la enfermera (hecho 2). Después extrajo de su cartera el arma y amenazó a la enfermera (hecho 3), quien junto a otras personas salió corriendo por el pasillo hacia las escaleras, momento en que Díaz Sigro efectúa 4 o 5 disparos hacia el grupo que corría “alcanzando uno de los disparos a Carla Milla en la espalda, provocándole una herida que le causó la muerte” (hecho 4). En ese lapso, la imputada provocó con los disparos daños en paredes, puertas, vidrios, un mostrador, alacenas, etc. (hecho 5 primera parte) y “para llevar a cabo esa conducta, se trasladó por el sector impidiendo la circulación libre de las personas y obligándolas a mantenerse ocultas, por lo que los pacientes que estaban internados en ese momento no recibieron la atención y control debidos (hecho 5 última parte). En mismo período “amenazó, gritando a viva voz que iba a tomar rehenes e iba a ocurrir una desgracia porque iba a matar a alguien (…) al tiempo que efectuaba disparos, con el propósito que los Dres. Nuñez y/o Rodríguez pidieran perdón, públicamente y ante una cámara de los canales TN o Crónica TV, por la mala atención que habían dado a su madre (hecho 6). También apuntó y disparó contra un enfermero, sin producirle lesiones (hecho 7) y en otro momento hizo lo mismo contra otros dos médicos (hecho 8).

La víctima Carla Milla se desempeñaba como técnica en laboratorio en la clinica donde ocurrieron los hechos.

 

Agravios

La defensa planteó seis agravios que fueron analizados y rechazados por el Superior Tribunal.

El primero reclamaba la nulidad de la imputación definitiva por falta de requerimiento fiscal. Fue rechazado y se señaló que “el recurrente no realizó planteo similar durante todo el proceso”.

El segundo agravio planteaba una nulidad por no haberse unificado la representación de los querellantes (por un lado la familia de la víctima fatal y por otro los representantes de la clínica). El STJ concluyó que “en nada se ha afectado el derecho de la Defensa” pues ambas querellas actuaron dentro del “límite y necesidad de sus intereses”.

El tercer planteo fue para que se declare la inimputabilidad de Díaz Sigri, afirmando que “no pudo dirigir sus acciones” por presentar, entre otros, un “trastorno explosivo intermitente”. En el punto, el STJ convalidó el criterio de la Cámara cipoleña, basado en los informes médicos y el desarrollo de los hechos, y concluyó que “al momento del hecho comprendía cabalmente la criminalidad de su obrar y podía dirigirlo [...] No se trató de un obrar explosivo e incontrolable, sino en todo caso de un accionar planificado que se le fue de las manos al provocar la muerte injusta de quien no tenía en miras de causar directamente”.

El cuarto agravio fue contra la calificación legal que se dio a los hechos y a la forma en que la sentencia concursó los delitos, planteo que también fue rechazado.

El quinto fue para solicitar una disminución del monto de la pena, por considerarla “desproporcionada”. Al respecto el STJ consideró “insuficientes” los fundamentos de la defensa y destacó que “la escala de la pena en abstracto (para el concurso de delitos acreditados) tiene un mínimo de 10 años y 8 meses de prisión, llegando a un máximo de 50 años de prisión, de modo tal que no se observa que el monto impuesto pueda ser tachado de inhumano o desproporcionado, pues se ubica más cerca del mínimo que del máximo”.



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